El coste de los incumplimientos de Kyoto

En un reciente texto, hacía algunas consideraciones sobre la situación española en relación con el Protocolo de Kyoto, habida cuenta de la incongruencia entre la propaganda oficial y los datos reales avalados por el propio Gobierno español o procedentes de fuentes fiables, como la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). Allí no se hablaba del coste que tendrá el incumplimiento de Kyoto. Veamos:

Según estimaciones solventes, será necesario comprar derechos de emisión por importe de unos 100 millones de toneladas de CO2 al año en el período de vigencia de Kyoto (2008-2012). El 10 de febrero los derechos de emisión se cotizaban a 9,10 euros la tonelada (ver gráfico), mientras que la reducción certificada de emisiones (CER) se cotizaba a 8,85 euros. Suponiendo, pues, un valor medio de 9 euros la tonelada, estaríamos hablando de 900 millones de euros por año, es decir, 4.500 millones de euros para todo el período. Aunque los derechos de emisión están bajando debido a la situación económica, se trata de una estimación conservadora, porque la cotización actual es muy baja. Con un coste medio de 15 euros la tonelada, el coste ascendería a 1.500 millones por año y 7.500 para todo el período. Son aproximaciones, porque el tema es complejo y el resultado final depende de muchas variables, entre otras la propia crisis económica.

Es tentador (y liberales y conservadores razonan en ese sentido) achacar tales costes a Kyoto y cargar contra el Protocolo y la política ambiental en general por perturbar el libre funcionameinto de los mercados. Las cosas no son exactamente así. El problema es que incumplir, además del correspondiente coste monetario directo, genera costes externos que repercuten sobre la población actual del planeta, pero sobre todo sobre las generaciones futuras, a las que se lega un planeta que no será, en poco tiempo, más que un gigantesco montón de mierda y, además, recalentada. Por ello, es más barato en todos los sentidos cumplir que incumplir.

Cortijo foral

Construir un pabellón mastodóntico, innecesario y ortográficamente cateto, 60 millones de euros.

Llenarnos de caspa hasta la meninges con el museo de los sanfermines, 25 millones.

Financiar, con la excusa de un plan de empleo, a los sindicatos del régimen para mantener engrasados los resortes del poder y su apoyo al gobierno de la derecha (más una medalla de oro, más supeditar la política de vivienda al clientelismo sindical: ¿alguien se acuerda de F.I.S.T.?), 158 millones.

Compensar a los promotores que arriesgaron sus fortunas por el bien de Navarra para proveernos de una bolsa de suelo (¡quién le iba a decir al conde!) digna de nuestros destinos (y que viva la libre empresa), 112 millones.

Y van, sin apenas escarbar, 355 millones tirados a la basura en plena crisis. ¿Qué no se hará en períodos de bonanza, cuando no se nota el despilfarro?

Pero es que mantener el cortijo foral, saqueando el presupuesto (esto es, las rentas ciudadanas, especialmente las procedentes de los salarios) y los recursos de Navarra para alimentar una troupe de pseudoempresarios expertos en ordeñar ubres públicas, arribistas, o esa beautiful people (aplicado a Navarra suena a cachondeo) que desparrama sus tentáculos por los rincones más insospechados, no tiene precio.

Sanz se jubilará, y quizá no tenga quien le escriba, pero a buen seguro no le faltará quien le regale camisas italianas.

¿No hemos aprendido nada?

El Gobierno de Navarra y el PSN, esto es, UPSN (dos partidos, dos sindicatos y un solo Movimiento) han acordado, en su simulacro permanente de acción gubernamental, la puesta en marcha de un plan de choque para fomentar el sector de la vivienda y de la construcción.

Estamos en una durísima crisis ocasionada, en gran medida, porque en los últimos quince o veinte años se ha fiado cualquier posibilidad de crecimiento a la construcción, sector que alcanzó una elevada, injustificada y peligrosa participación en el PIB y el empleo de Navarra. La política de vivienda que ha posibilitado esa situación sólo ha dado lugar a un enriquecimiento desmedido de unos pocos promotores (ni siquiera constructores), que se han lucrado a costa del sector público y de las rentas de una población a la que se ha empobrecido con el señuelo del acceso a la vivienda en propiedad.

Pues bien, lejos de tomar nota y actuar para corregir esos desequilibrios, se persevera en lo que los ha causado. ¿Es porque no hay capacidad para discurrir alternativas? ¿Porque no hay posibilidad? ¿Porque el sector público está cautivo de intereses privados y los prebostes de UPSN están cogidos por donde más duele? Objetivamente, las medidas que está tomando el Gobierno de Navarra en relación con la vivienda conducen a frenar la caída de su precio. ¿A quién beneficia eso?

¿No hemos aprendido nada?

La cruz de la crucecita y el descaro de Sanz

Artículo 14 C.E.: «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Artículo 16.2 C.E.: «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

Artículo 31.1 C.E.: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

Hay razones para sostener que la forma en que se ha establecido la financiación de la Iglesia católica viola principios constitucionales. Para empezar, el recogido en el artículo 16.2. Pero también el del artículo 31.1, que recoge las características del sistema tributario, en relación con la igualdad proclamada en el artículo 14. Eso significa que el sistema tributario debe atenerse, entre otros, al principio de equidad horizontal, que significa que personas en la misma situación han de ser gravadas de la misma manera.

Pues bien, resulta que los católicos pagan menos impuestos que los demás, exactamente en la cuantía de la crucecita (esa gran cruz del sistema constitucional español). Por si el agravio no era suficientemente evidente, el lehendakari Sanz se ha apresurado a hurgar en la herida, con unas declaraciones muy poco respetuosas hacia quienes marcan la casilla de fines sociales. Si la casilla no compromete a nada, si es «inexacto, inadecuado, improcedente y falso» decir que la Hacienda Foral está engañando a los contribuyentes, ¿para qué ponen la casilla de marras? La respuesta es clara: para dar a la Iglesia católica dinero de todos. Para Sanz todos somos Gobierno cuando se trata de escamotear recursos a personas y colectivos sociales. Si de lo que se trata es de repartirse el cortijo (canongías, prebendas y empresas públicas incluidas), entonces sólo somos «los dos partidos, los dos sindicatos y un sólo Movimiento»...

P.D. Hace años que no marco ninguna casilla, porque todo el sistema me parece un enorme fraude, ahora demostrado.