Ayer estuvimos tomando un vino en un bar de la calle Estafeta. Hasta hace unos días ese vino costaba 1,80 euros (que ya es de por sí un precio respetable, casi abusivo; otra lacra de la hostelería pamplonesa: en cualquier chiringuito de medio pelo se creen con derecho a cobrar lo que se les viene a las mientes). Ayer, oh sorpresa, el precio era de 1,90 euros. Es decir, en plena crisis, con las rentas estancadas o menguando, con una inflación en 2010 del 2,8%, se permiten subir los precios ¡un 5,6%! (el doble de la inflación; en mi caso, como me han bajado el sueldo un 7,5%, la subida real está alrededor del 14%). Me la sopla que se pueda fumar o no en ese bar, pero no tengo intención de volver.
Es un ejemplo, claro. Pero basta darse una vuelta por los bares del centro para comprobar que la situación es generalizada, con honrosas y notorias excepciones. Así las cosas, ¿quién tiene la culpa de la pérdida de clientela, la ley antitabaco o la miopía empresarial? Yo me inclino por la segunda hipótesis.
Aún añadiría tres consideraciones más.
- La ley antitabaco, pese a quien pese, es muy popular y tiene adeptos también entre fumadores; no se olvide que el porcentaje de población que fuma es reducido, que nadie espere un fuenteovejuna nicotínico. La gente se va dando cuenta de lo bien que se está en los bares sin humo.
- En gran medida la ley actual es consecuencia del inclumplimiento masivo por la hostelería de la anterior ley. Por listos.
- Si el Estado debe indemnizar por lucro cesante o daños y perjuicios (se reclaman éstos para quienes hicieron reformas anteriormente) a la hostelería, ésta debería, en justa correspondencia, ocuparse de los daños causados a la salud de sus empleados: ¿les saldría a cuenta?